El gobernador Juan Pablo Valdés recibe a las autoridades del STJ
El Gobernador se reunirá hoy con el Superior Tribunal de Justicia en medio de las diferencias por el 6% para judiciales. Anticipó que en mayo anunciará aumentos para agentes del Ejecutivo y jubilados, condicionados por la caída de la coparticipación.
El gobernador Juan Pablo Valdés atraviesa días de definiciones en los que confluyen dos ejes sensibles de la gestión: la política salarial y la relación institucional con el Poder Judicial. En un contexto económico adverso, marcado por la caída de la coparticipación y la presión de distintos sectores públicos, el Mandatario busca equilibrar las demandas de recomposición de ingresos con la necesidad de sostener el orden fiscal.
Por un lado, Valdés confirmó que durante mayo dará a conocer un nuevo incremento salarial para trabajadores estatales y jubilados. Si bien evitó precisar cifras, dejó en claro que la decisión estará atada a la evolución de los recursos provinciales. «En el mes de mayo estaremos haciendo anuncios salariales, viendo cuál es el panorama y tratando de que el anuncio sea lo mejor posible», afirmó recientemente.
El anticipo abre expectativas en la administración pública, aunque también refleja cautela. La provincia registra una merma sostenida en los envíos nacionales: según detalló el propio Gobernador, la coparticipación cayó en términos reales entre 6 y 8 puntos en los primeros meses del año. Este escenario condiciona cualquier mejora de mayor alcance.
«Vamos a continuar con una recomposición salarial sin poner en riesgo el sistema», subrayó Valdés, al tiempo que remarcó que las decisiones se toman en función de los recursos disponibles. «Entendemos las demandas y trabajamos de acuerdo a los ingresos que tiene la provincia, somos responsables», insistió.
El Mandatario también reconoció el malestar existente entre los trabajadores estatales, pero defendió la estrategia oficial de aumentos escalonados y de corto plazo. «Entendemos el disgusto, pero queremos cumplir en tiempo y forma con los salarios», señaló. En esa línea, sostuvo que el Gobierno prefiere evitar compromisos a largo plazo en un contexto de alta incertidumbre económica.
Capítulo clave de esta agenda será la reunión prevista para hoy con las máximas autoridades del Superior Tribunal de Justicia. Valdés se encontrará con su presidente, Guillermo Horacio Semhan, y con el fiscal general César Pedro Sotelo. Aunque formalmente el encuentro abordará «temas de interés común», el trasfondo está atravesado por la discusión en torno a un incremento del 6% que quedó en suspenso y que impacta directamente en la estructura salarial del Poder Judicial.
La cita aparece como un espacio de negociación y articulación entre poderes en un momento en que la cuestión salarial excede al Ejecutivo y se proyecta sobre todo el esquema estatal. La búsqueda de consensos será clave para evitar conflictos y dotar de previsibilidad a un escenario ya tensionado.
Así, entre la urgencia de recomponer ingresos y la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, Valdés intenta administrar expectativas en una etapa decisiva para su gestión.
En paralelo, distintos gremios estatales se mantienen en estado de expectativa frente a los anuncios de mayo. Si bien no se han definido medidas de fuerza inmediatas, los reclamos por mejoras salariales continúan creciendo, especialmente en sectores como salud y educación, donde el impacto de la inflación se hace más evidente en los ingresos.
Fuentes oficiales señalan que el Gobierno analiza las alternativas para otorgar aumentos que contemplen la heterogeneidad del empleo público, sin perder de vista el objetivo de sostener el equilibrio fiscal. En ese marco, no se descarta la implementación de esquemas específicos para áreas críticas.
Reunión
El único antecedente institucional de una reunión de Juan Pablo Valdés con la cúpula del Poder Judicial de Corrientes fue el 9 de diciembre de 2025, último día como intendente de Ituzaingó, cuando entregó en comodato un terreno de propiedad municipal en la ciudad de Ituzaingó, destinado a la construcción de nuevas oficinas judiciales para el desarrollo de sus actividades institucionales del poder jurisdiccional y la producción de un plan de modernización.
