La Corte Internacional de Justicia ordenó el cese del ataque israelí a Rafah
Sudáfrica pidió al tribunal que emitiera esta decisión como una medida de emergencia, señalando que las actividades de Israel en Rafah constituyen una operación “genocida” y amenazan la supervivencia del pueblo palestino.
La solicitud forma parte de un caso más amplio que Sudáfrica presentó ante la corte sobre las acciones de Israel en Gaza.
Israel sostiene que la ofensiva de Rafah es clave para derrotar a Hamás tras los ataques del 7 de octubre y asegura que el caso de Sudáfrica es «totalmente infundado».
La CIJ es el máximo tribunal de Naciones Unidas y puede emitir fallos jurídicamente vinculantes en disputas entre países, pero dispone de pocos mecanismos para hacer cumplir sus sentencias.
En su dictamen de este viernes, la Corte dije que Israel debe «detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pueda infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que podrían provocar su destrucción física total o parcial».
Se trata de la primera vez que este tribunal emite un fallo que obliga a Israel a cambiar significativamente su operación militar en Gaza.
Fuentes del gobierno israelí negaron las acusaciones en su contra y señalaron que ignorarían cualquier orden de detener sus operaciones.
Derecho a la protección
Los jueces dijeron que Israel no los convenció de que los esfuerzos de evacuación y las medidas que afirma haber adoptado para mejorar la seguridad de los civiles en la Franja de Gaza, y en particular de los desplazados de Rafah, sean suficientes para aliviar el inmenso riesgo al que está expuesta la población palestina como consecuencia de la ofensiva militar en la zona.
El caso fue presentado por Sudáfrica en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que fue promulgada en 1948, después del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial.
Sudáfrica argumentó que el derecho inalienable de los palestinos a la protección bajo esa convención estaba en riesgo de ser violado y pidió la intervención de la CIJ.
La decisión del tribunal no determina si se están cometiendo o no actos genocidas en Gaza, sino más bien si existe un riesgo plausible para el derecho del pueblo palestino a la protección, explica la periodista de la BBC Anna Holligan desde el tribunal en La Haya.
La decisión constituye una orden judicial para frenar el deterioro de la situación o al menos mantenerla en una especie de compás de espera, hasta que los jueces consideren los méritos más amplios del caso.
