Diputados dio media sanción a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria
Los bloques de la oposición dialoguista y el peronismo llegaron a un acuerdo político que permitió avanzar con la media sanción en Diputados de una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones que reemplace el mecanismo que Javier Milei impuso por decreto.
El texto consensuado, que fue aprobado con 162 votos a favor y 72 en contra, propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se incluirá una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización).
El haber mínimo garantizará la cobertura de la canasta básica del adulto mayor (que rondaría los $260.000). Sin embargo, para evitar que la actualización de la canasta básica -que se efectiviza después del pago de los haberes- no deje desfasados los aumentos se optó por poner un mínimo equivalente a 1.09 de la canasta básica.
A su vez, la oposición incluyó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Así el IPC no se convertirá en un techo para los haberes.
Los espacios de la oposición llegaron a la sesión con varios dictámenes. La más importante giraba en torno al rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, ya que los dialoguistas pretendían que se utilice para pagar los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas, mientras que el peronismo se mantuvo firme en que no podía ser utilizado para esos fines.
“La liquidación del FGS es un paso para el retorno de las AFJP, que deja a un tercio de la población descartada. Son las líneas rojas que no estamos dispuestos a cruzar”, dijo contundente el diputado de UxP Itai Hagman al inicio del debate. Ante la consulta de Infobae, desde el bloque explicaron que la razón de su intransigencia sobre este punto se basa en que cualquier modificación del FGS sería “abrirle la puerta a que Milei luego haga otros cambios, en un contexto económico muy complicado”.
La dificultad para acordar un dictamen común entre los bloques mayoritarios amenazó con hacer caer todos los proyectos. En primer lugar, se sometería a votación el proyecto del kirchnerismo (fue el que más formas tuvo en comisión), que sin el apoyo de la UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal saldría rechazado. Luego se pasaría a analizar el proyecto del radicalismo, que correría la misma suerte si el peronismo decidía pagarle con la misma moneda. En ese caso, los libertarios se habrían llevado una victoria inesperada al lograr frustrar las intenciones de la oposición.
“No podíamos salir de acá sin darle una señal a los jubilados, hubiera sido una locura porque además tendríamos que esperar todo el año parlamentario para volver a tratar el tema”, se sinceró un diputado de Hacemos Coalición Federal ante la consulta de este medio.
Pasadas las 17, comenzaron a circular las primeras versiones de un acuerdo político entre los dialoguistas y el peronismo. “Parece que encontramos una diagonal”, reveló un diputado que había participado de la reescritura de algunos de los artículos del dictamen radical. Así, el peronismo aceptó retirar su dictamen de mayoría para luego votar a favor del nuevo texto.
La prenda de cambio fue priorizar el pago de los juicios de reajustes de haberes y las deudas con las cajas previsionales provinciales con fondos de la ANSES pero sin tocar el FGS. Se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al Cheque, el impuesto PAIS y el IVA.
“Lo que estamos dando es una garantía o una exigibilidad para que se haga efectivo el pago. Se afecta prioritariamente”, detallaron desde la bancada radical.
Al momento de la votación en particular fue rechazado (111 votos en contra contra 109 a favor) el artículo 11 del dictamen que suprimía a partir de la entrada en vigencia de la ley las jubilaciones de privilegio de los Presidentes y Vicepresidentes.
